El Senado de la República, en su calidad de sede de la Comisión Permanente, recibió este miércoles la iniciativa de reforma constitucional que propone aplazar la elección del Poder Judicial al 4 de junio de 2028, con el objetivo de empatar el proceso con la consulta de revocación de mandato presidencial.
El proyecto fue entregado formalmente por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, a la presidenta del órgano legislativo, Laura Itzel Castillo, posterior a una recepción a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier.
Para procesar el documento, la instancia legislativa convocará este jueves a un Periodo Extraordinario de sesiones programado para el próximo 27 de mayo. Durante este proceso, la Cámara de Diputados fungirá como cámara de origen para la discusión inicial, con la meta de concluir el trámite en el Constituyente Permanente antes del 3 de junio para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Rediseño del modelo de selección
Más allá de la calendarización, el documento plantea una reestructuración integral del sistema electoral judicial ante el volumen de cargos proyectados originalmente para 2027. La iniciativa reduce el número de candidaturas a únicamente dos perfiles finales por cargo y especialidad, los cuales serán definidos mediante el mecanismo de insaculación pública.
El texto legislativo contempla la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta instancia tendrá el propósito de homologar metodologías sobre requisitos como experiencia profesional y exámenes de conocimientos, evitando discrepancias en los filtros aplicados a los aspirantes.
En el ámbito operativo, el proyecto faculta al Instituto Nacional Electoral para dividir el territorio en distritos judiciales específicos, garantizando que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado de determinada materia. Asimismo, el dictamen obligaría a las entidades federativas a replicar las reglas federales para asegurar los procesos locales.
Finalmente, el documento propone dividir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones operativas para agilizar la resolución de asuntos menores y establece la capacitación obligatoria y permanente para jueces y magistrados mediante el Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial.
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