El abogado constitucionalista Francisco Burgoa calificó como improcedente la reciente solicitud de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien instruyó notificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se anulen todas las controversias, amparos y acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la reforma judicial. En su cuenta de X, Burgoa señaló que esta petición “atenta contra los mecanismos de control constitucional que protegen el Estado constitucional y democrático de derecho”.
Burgoa argumentó que la SCJN debería rechazar la solicitud debido a que concederla violaría el principio de irretroactividad de la ley, el cual protege derechos adquiridos e impide que nuevas disposiciones alteren situaciones jurídicas previas. En sus redes, expresó: «Esta solicitud no sólo es improcedente, sino que muestra una intención de debilitar el rol de la SCJN como garante de la Constitución y de los derechos fundamentales».
El constitucionalista añadió que la petición de Fernández Noroña también contraviene el principio de progresividad, el cual exige que las reformas deben fortalecer los derechos y no restringirlos o socavar la independencia judicial. Afirmó que ningún artículo transitorio puede tener la misma jerarquía que un artículo de la Constitución, algo que, según él, el Senado ha ignorado en esta controversia.
La noche del jueves, Fernández Noroña instruyó a la Dirección Jurídica del Senado para que solicite a la Corte declarar el sobreseimiento de cualquier controversia constitucional, juicio de amparo o acción de inconstitucionalidad en curso en contra de la reforma judicial. El legislador argumentó que la medida tiene como objetivo “salvaguardar la supremacía e inviolabilidad” de la Constitución, afirmando que “nadie debe estar por encima de ella”.
Para Burgoa, esta medida representa un riesgo para el sistema de pesos y contrapesos del país, pues busca cerrar las puertas de los tribunales a ciudadanos y actores judiciales que consideran que la reforma vulnera sus derechos. En su opinión, la SCJN debe rechazar tajantemente la solicitud, no sólo para proteger la irretroactividad de la ley, sino también para reafirmar su papel como intérprete final de la Constitución.
La reforma, promovida y aprobada por Morena, ha generado un creciente malestar entre jueces, magistrados y el sector judicial en general, que han iniciado protestas y paros laborales en rechazo a la medida. En tanto, la SCJN debe analizar la constitucionalidad de dicha reforma, especialmente tras la reciente propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar elementos clave como la elección popular de jueces y la supresión de los amparos con efectos generales.
Recibe esta y mucha más información a través de Whatsapp. Envía un ‘Hola’ aquí.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.