Un total de 2 mil 417 policías fueron asesinados en el país entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de agosto de 2024, un periodo que ha visto también más de 400 movilizaciones de agentes exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. El estudio “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico”, elaborado por Causa en Común, expone cómo los elementos de seguridad enfrentan condiciones cada vez más adversas debido a la falta de apoyo institucional, recortes presupuestales y un entorno laboral inseguro.
De acuerdo con el informe, 2020 fue el año más violento para los agentes, con 524 asesinatos, lo que equivale a una tasa de 1.44 homicidios diarios. Este año, la cifra es de 0.86 muertes diarias. Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Zacatecas encabezan la lista de entidades con el mayor número de homicidios de policías, mientras que los estados más seguros para estos servidores han sido Campeche, Yucatán, Aguascalientes y Baja California Sur.
El documento también revela que los policías municipales, encargados de la seguridad en las zonas más cercanas a la ciudadanía, son los más vulnerables, concentrando el 54.9% de las muertes, seguidos por los policías estatales con el 39% y los federales con el 6.1%. Este panorama se agrava por los largos turnos de trabajo a los que están sometidos: el 34% trabaja jornadas de 24 horas con solo 24 horas de descanso, y un 18% tiene esquemas de trabajo de 12 horas por 12 de descanso. Además, un 5% opera bajo un sistema de acuartelamiento, sin remuneración por horas extras.
La falta de recursos, como vehículos y equipo adecuado, así como el incumplimiento de pago de bonos y prestaciones, han provocado 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro, siendo Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Durango e Hidalgo las entidades con mayor cantidad de movilizaciones.
Causa en Común también criticó el incremento en la militarización de la seguridad pública durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que este cambio de enfoque ha derivado en más violaciones a los derechos humanos y en un aumento de la violencia y la impunidad. La organización afirma que la militarización ha exacerbado la crisis de seguridad en el país y ha desplazado a los cuerpos de seguridad locales sin mejorar sus condiciones de trabajo.
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