La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que la asistencia de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a eventos políticos del partido en el gobierno compromete la imparcialidad institucional y la división de poderes en el país.
Previo a la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora señaló que el Máximo Tribunal debe mantener distancia frente a actos de carácter partidista. Afirmó que la presencia de los juzgadores en el reciente evento realizado en el Monumento a la Revolución representa un acompañamiento político hacia el Poder Ejecutivo.
La diputada detalló que, en su calidad de titular del órgano legislativo, no recibió convocatoria para asistir a dicho evento, lo que a su juicio confirma la naturaleza política y no de Estado de la concentración. Esta situación, expuso, resulta preocupante para las garantías ciudadanas de contar con un sistema de justicia independiente.
En paralelo a la crítica sobre la actuación judicial, López Rabadán cuestionó la estrategia de seguridad federal frente a los grupos delincuenciales. La legisladora contrastó las recientes acusaciones gubernamentales sobre injerencia extranjera con la necesidad de investigar posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
Implicaciones diplomáticas y comerciales
“En lugar de acusar intervención extranjera, el gobierno debería investigar, detener y sancionar conforme a la ley a quienes, desde la política, hayan permitido o promovido la injerencia del crimen organizado en la vida pública del país”, puntualizó la representante legislativa.
El pronunciamiento subrayó que la actual política frente al crimen organizado genera tensión en la relación bilateral con Estados Unidos y pone en riesgo la estabilidad económica a través de instrumentos internacionales como el T-MEC. Añadió que las omisiones operativas frente a los señalamientos de complicidad pueden resultar costosas para la estructura institucional del país.
Finalmente, la legisladora delineó la necesidad de mantener la cooperación internacional en materia de seguridad, argumentando que la defensa de la soberanía nacional requiere consolidar el Estado de derecho y garantizar que la impartición de justicia no se encuentre alineada al poder político.
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