La magistrada del Consejo de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, formalizó este miércoles su rechazo a participar en el proceso electoral de 2025 que renovará los cargos de ministros, jueces y magistrados a través de elección popular, como parte de la reciente reforma judicial. En una carta dirigida al Senado de la República, López Benítez argumentó que su negativa se basa en el impacto de la reforma sobre los principios democráticos, afirmando que esta «debilitó el pacto más solemne de la Unión que es garantizar el equilibrio de poderes».
En la misiva, la magistrada señaló que la elección popular de jueces y magistrados «avasalla los derechos humanos del justiciable» y «contraviene el principio de progresividad de la ley», principios que, según explicó, deben protegerse sin intervención política. A través de su cuenta en la red social X, López Benítez anunció su decisión y compartió un cartel con la frase: «Serví con honestidad, declino con dignidad». La magistrada expresó su pesar por el estado actual del sistema judicial, afirmando que “la Justicia está de luto” tras tres décadas de servicio.
Esta es la segunda renuncia significativa de una integrante del Consejo de la Judicatura Federal en relación con la reforma. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, también presentó su renuncia este miércoles, con efecto al 31 de agosto de 2025. Ambas declinaciones reflejan la creciente resistencia de altos funcionarios judiciales a la elección popular de cargos judiciales, una de las medidas más controversiales de la reforma.
La reforma judicial, publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, establece que el 1 de junio de 2025 se realizará una elección popular para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito. La nueva estructura judicial también reemplazará al actual Consejo de la Judicatura Federal con dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Para los jueces y magistrados en funciones que no desean participar en el proceso electoral, la reforma establece que deben notificar su declinación al Senado antes del 31 de octubre de 2024. Según observadores, esta medida podría significar una importante reconfiguración del Poder Judicial mexicano, así como un posible cambio en la relación de independencia entre poderes.
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