La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que los estados con mayor índice de violencia, como Colima y Chiapas, presentan importantes irregularidades en el manejo de los fondos federales destinados a seguridad pública. Según el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2023, estas entidades no solventaron un total de 365.7 millones de pesos provenientes de diversos fondos para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad.
Colima, gobernado por Indira Vizcaíno Silva, lidera en anomalías financieras con un faltante de 159.7 millones de pesos sin comprobación. De este monto, 141.4 millones corresponden al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y 18.2 millones al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública. La auditoría detalla que el estado no justificó 112.5 millones de pesos en contratos de mantenimiento y arrendamiento de vehículos, faltando documentación que respalde los servicios realizados.
El contexto en Colima es alarmante: el estado registra la mayor tasa de homicidios dolosos en el país, con 74.24 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguido por Morelos y Baja California, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, Colima encabeza las tasas de extorsión, con 15.22 casos por cada 100 mil habitantes, y ocupa el tercer lugar en robos a casas habitación, lo que resalta la crisis de seguridad en la entidad.
Chiapas, el segundo estado con mayores faltantes en el ejercicio de estos recursos, no justificó el destino de 99.1 millones de pesos. En este estado, gobernado por Rutilio Escandón Cadenas, la crisis de seguridad también ha escalado debido a enfrentamientos entre grupos delictivos, que han afectado a comunidades fronterizas y desplazado a cientos de familias hacia países vecinos como Guatemala en busca de refugio.
El reporte de la ASF subraya que estos desvíos afectan la eficacia de los programas de seguridad en las entidades que, por su situación, requieren mayores esfuerzos para combatir la delincuencia. Las irregularidades en Colima y Chiapas representan los casos más graves de incumplimiento entre los estados que recibieron fondos federales para reforzar su capacidad de respuesta ante la violencia.
La ASF advierte que las anomalías en la administración de recursos limitan los esfuerzos federales para apoyar a los estados en la crisis de inseguridad. Estos desvíos reflejan un uso ineficiente de los fondos que afecta directamente la posibilidad de mejorar las condiciones de seguridad en los territorios más conflictivos del país.
El informe entregado a la Cámara de Diputados será revisado en las próximas semanas, y se espera que la ASF solicite medidas correctivas a los gobiernos estatales involucrados.
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