La ministra presidenta de la SCJN llamó a un análisis profundo de la reforma judicial, subrayando los riesgos que su implementación podría tener sobre los derechos humanos y la democracia.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, advirtió que los derechos humanos corren un grave riesgo cuando el poder no puede ser «contenido, frenado ni controlado». Estas declaraciones fueron hechas en el marco del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizado por la UNAM, donde Piña también resaltó la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la reforma judicial recientemente aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.
“Hay evidencia histórica y actual que muestra cómo los derechos humanos están en peligro cuando no existen contrapesos efectivos al poder”, subrayó la ministra, refiriéndose al rol fundamental del Poder Judicial como protector de las garantías individuales y como un pilar en el equilibrio democrático. Su crítica se centró en los peligros que la reforma judicial podría representar, al socavar la independencia de los jueces y la certeza jurídica.
Piña Hernández se hizo eco de las preocupaciones manifestadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes consideran que la reforma podría politizar la impartición de justicia, eliminar la carrera judicial y erosionar la confianza en el sistema judicial. «En una democracia se escucha a todas las voces, y es necesario un debate amplio cuando muchas de ellas expresan advertencias», afirmó.
La ministra presidenta también mencionó que la democracia constitucional atraviesa momentos «muy delicados», en los que es esencial revisar las repercusiones de esta reforma. Subrayó que el Poder Judicial debe seguir siendo un contrapeso ante cualquier concentración excesiva de poder.
Homenaje a la Constitución de 1824: un recordatorio de la división de poderes
Durante el evento, también se rindió homenaje a la Constitución de 1824, documento que dividió el supremo poder en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que estableció un gobierno federalista. Piña Hernández recordó que en 1835, el cambio a un sistema centralista fue un «golpe de timón» en la historia constitucional de México, y advirtió que el constitucionalismo siempre está sujeto a este tipo de desafíos.
El jurista Diego Valadés, presente en el congreso, añadió que el «posconstitucionalismo» es un riesgo inminente, caracterizado por una concentración de poder bajo una voz personal que se presenta como la voluntad colectiva. “Esto sigue el camino de la posdemocracia y la posverdad, lo que puede llevar a una ingobernabilidad real”, advirtió Valadés.
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