La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha manifestado su firme oposición a la reciente decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de colaborar con el Senado en la implementación de la reforma judicial, a pesar de estar vigente una suspensión judicial. Este desacato, según la JUFED, representa una ruptura clara del Estado de Derecho y una violación a la División de Poderes.
Ayer, durante una sesión privada, el CJF acordó entregar al Senado información sobre jueces y magistrados, necesaria para las elecciones extraordinarias de 2025. Este acuerdo ha sido criticado por la JUFED, que sostiene que la decisión no fue notificada a los titulares de los órganos jurisdiccionales que forman parte del CJF y del Poder Judicial de la Federación (PJF). En su comunicado, la JUFED señaló que este desacato a una resolución judicial es inaceptable y socava la legitimidad del sistema judicial.
La jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, subrayó que el respeto a las decisiones judiciales es fundamental para mantener la confianza en las instituciones. «Participar en la ejecución de la reforma judicial sin diálogo con las personas juzgadoras involucradas es inaceptable. Necesitamos un marco de respeto mutuo y colaboración, no de imposiciones», afirmó.
Otro punto de preocupación señalado por la JUFED es el sistema de tómbola propuesto por el Congreso para determinar quiénes podrán acceder a las boletas electorales en los próximos comicios judiciales. Este mecanismo ha sido considerado por la asociación como una transgresión a los derechos humanos de los jueces, generando incertidumbre y atacando principios fundamentales de estabilidad e institucionalidad.
La JUFED también advirtió que la implementación de esta reforma podría provocar una crisis constitucional en el país. «La situación actual pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum», señalaron en el comunicado. Esta crisis podría tener repercusiones serias no solo para el Poder Judicial, sino para la gobernabilidad en México en su conjunto.
La decisión del CJF, a juicio de la JUFED, no solo vulnera el sistema judicial, sino que también pone en entredicho la capacidad del nuevo gobierno para garantizar un entorno democrático y respetuoso de la ley. En este contexto, la asociación ha hecho un llamado urgente a un diálogo sincero y constructivo entre las autoridades y los jueces, con el fin de restaurar la confianza en las instituciones y en la democracia mexicana.
La situación continúa generando un intenso debate entre los actores políticos y judiciales, mientras la sociedad observa con preocupación las implicaciones que estas decisiones podrían tener en el futuro del sistema judicial en México.
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