Partidos políticos y un gobierno estatal han interpuesto un total de cuatro impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Reforma Judicial, la cual ha suscitado controversias debido a las irregularidades que se alegan en su proceso legislativo y a posibles violaciones de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Los recursos fueron presentados por el Gobierno de Guanajuato, así como por líderes de importantes partidos políticos, lo que refleja la tensión política en torno a esta reforma.
La primera impugnación fue presentada el 27 de septiembre por el Gobierno de Guanajuato, bajo la gestión del entonces gobernador Diego Sinhue. Esta acción de inconstitucionalidad busca la invalidez de la reforma, argumentando que hubo fallas en el proceso de aprobación y en la forma en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El expediente 286/2024 ha sido admitido para análisis por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, lo que permite que el caso avance en el ámbito judicial.
El excandidato presidencial del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se sumó a las impugnaciones al tramitar un amparo el 9 de octubre. En su recurso, denuncia que en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la reforma se registraron irregularidades que vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución. “Solicitamos el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados que violan nuestros derechos”, sostuvo el político.
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, también ha presentado su impugnación, elevando una acción de inconstitucionalidad el mismo día que Álvarez Máynez. Cortés subrayó que la reforma judicial no solo plantea problemas legales, sino que podría tener un impacto negativo en el sistema de justicia del país. La impugnación fue rápidamente admitida y se encuentra bajo la evaluación del mismo ministro que revisa los otros recursos.
Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no se quedó atrás y presentó su propia acción de inconstitucionalidad, argumentando que la reforma presenta vicios en el procedimiento legislativo. Moreno enfatizó la postura firme de su partido frente a la reforma, resaltando que el PRI ha sido el único que se ha mantenido consistente en sus críticas. “Nuestra participación es fundamental porque esta reforma afecta los derechos de los ciudadanos”, expresó.
La SCJN se encuentra ahora ante el reto de evaluar estas impugnaciones, que evidencian la fragmentación política y la polarización que ha generado la Reforma Judicial en el país. La fecha de resolución sobre estas acciones de inconstitucionalidad aún no se ha definido, pero se espera que las deliberaciones sean intensas y estén cargadas de implicaciones políticas.
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