El Comité Ejecutivo Nacional y los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que la propuesta del oficialismo de postergar la elección judicial para el año 2028 mantiene y profundiza los riesgos de captura política, promoción gubernamental e intervención electoral en el Poder Judicial. Aunque el partido de oposición consideró necesario separar estos comicios del proceso electoral ordinario de 2027, advirtió que la modificación formal de la fecha resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales de la reforma aprobada en 2024.
La dirigencia y las bancadas de las cámaras de Diputados y de Senadores indicaron que evitar la concurrencia con las elecciones constitucionales atiende solo de forma parcial uno de los riesgos advertidos, debido a que el modelo impulsado por Morena continúa sometiendo la impartición de justicia a dinámicas político-electorales que vulneran su autonomía.
Posturas de las dirigencias parlamentarias
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, puntualizó que la modificación del calendario no elimina los esquemas de control sobre los aspirantes a juzgadores.
“Es positivo que se haya decidido cambiar la fecha de la elección judicial para evitar su concurrencia con el proceso electoral de 2027, pero eso no basta. Mientras Morena mantenga mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia, el problema de fondo seguirá intacto”, precisó Romero Herrera.
Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que la iniciativa sacrifica el acceso a la justicia para la población al subordinar el sistema a intereses políticos. En el mismo sentido, el coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, reiteró que la problemática principal radica en «quién sigue controlando el proceso» de selección y no en la temporalidad de la votación.
Cuestionamientos técnicos a la Comisión Coordinadora
Los legisladores de oposición afirmaron que la creación de una nueva Comisión Coordinadora o comité técnico carece de una garantía real de independencia. Argumentaron que el método de selección de candidaturas judiciales excluye la participación de universidades, colegios y barras de abogados, manteniendo esquemas de influencia partidista bajo una nueva nomenclatura.
Asimismo, el PAN alertó sobre los siguientes factores de riesgo técnico y operativo contenidos en la propuesta presentada:
- Concurrencia con la Revocación de Mandato: La coincidencia de fechas abre vías para la movilización político-electoral, el uso de guías de votación y la promoción gubernamental.
- Elecciones en 2030: La iniciativa mantiene abierta la posibilidad de realizar un proceso electoral concurrente en ese año, prolongando el riesgo de politización.
- Operación de la Suprema Corte: El nuevo esquema de funcionamiento mediante dos secciones puede propiciar tensiones operativas relacionadas con el quórum, la integración y la distribución de los expedientes.
- Tribunal de Disciplina Judicial: El diseño de este órgano permanece como un instrumento de presión política sobre las resoluciones de los juzgadores.
Finalmente, el instituto político recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una petición promovida por jueces y magistrados federales en relación con las presuntas violaciones derivadas de la reforma, por lo que urgieron a construir un modelo fundamentado en criterios técnicos y perfiles idóneos en lugar de ajustes superficiales.
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