La publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 15 de septiembre, realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desatado duras críticas por parte de la oposición. Políticos del bloque opositor señalaron que el mandatario actuó en desacato a una suspensión provisional emitida por un juez, que ordenaba no promulgar la reforma antes del 11 de octubre.
Emilio Álvarez Icaza, exsenador del Grupo Plural, cuestionó el acto desde su cuenta de X: «Celebrando una ley aprobada entre granaderos, ilegalidades y en pleno desacato judicial», refiriéndose al video en el que López Obrador, junto con Claudia Sheinbaum, firmó el decreto que establece que, a partir del próximo año, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto popular.
La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez también se pronunció, asegurando que el gobierno sólo busca el beneficio propio. «Mientras México está en llamas, el presidente y sus aliados festejan que han pasado por encima del Poder Judicial», criticó. Por su parte, Jesús Zambrano, líder del PRD, afirmó que la promulgación viola la Constitución y denunció que el país se dirige hacia un régimen autoritario, comprometiéndose a mantenerse en la lucha.
Otras figuras de la oposición como Margarita Zavala, diputada del PAN, y Noemí Luna, coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, destacaron en sus redes sociales que la firma del decreto es ilegal y representa una violación a la ley.
A pesar de las críticas, los cambios constitucionales publicados en el DOF entraron en vigor el 16 de septiembre, conforme a los artículos transitorios. La reforma judicial fue discutida y aprobada en ambas cámaras del Congreso en las primeras semanas de la LXVI Legislatura, con una mayoría calificada que incluyó a algunos legisladores de la oposición que cambiaron su postura en el último momento.
El proceso culminó cuando la minuta fue enviada a los congresos estatales, donde se alcanzó la mayoría necesaria de aprobaciones. El Senado y la Cámara de Diputados declararon la constitucionalidad de la reforma el 13 de septiembre, turnándola al Ejecutivo para su promulgación, lo que finalmente sucedió dos días después, en medio de controversia y desacato judicial.
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