La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 123 de la Constitución que garantiza que los salarios mínimos se ajusten anualmente según la inflación. Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en sectores esenciales, y mejorar las condiciones laborales en México. El dictamen espera ser ratificado por el Senado.
El Senado de la República aprobó una reforma histórica al artículo segundo de la Constitución, reconociendo y protegiendo los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La iniciativa, impulsada por el presidente López Obrador, establece obligaciones del Estado para preservar la identidad cultural y permitir la libre determinación de estas comunidades.
El ministerio español expresó que, debido a esta situación, “el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel”.
La elección de una delegación de alto nivel subraya la importancia que la administración Biden otorga a la relación bilateral con México, especialmente en un momento de transición política en el país.
El incidente se produjo cerca de la 1:00 de la madrugada, mientras los artistas Julión Álvarez y Alfredo Olivas se presentaban en el evento.
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, señaló que el Senado deberá emitir la convocatoria para la elección en los próximos días, lo que permitirá conocer el número exacto de cargos a elegir.
En un comunicado emitido desde Ginebra, once integrantes de diferentes relatorías y grupos de trabajo advirtieron que esta modificación podría facilitar un incremento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
El diputado de Morena realizó un mitin en el pleno de la Cámara de Diputados para celebrar la aprobación del dictamen que fijará el salario mínimo por encima de la inflación.
Habitantes de Aranza, Michoacán, mantienen bloqueada la carretera Uruapan-Carapan, exigiendo la aparición con vida de Juan Guzmán Roque, desaparecido desde el 21 de septiembre.
La medida apunta a cinco ciudadanos colombianos y dos empresas mexicanas que facilitan el tráfico de drogas y personas, agravando la crisis migratoria y del narcotráfico en la región.