La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, presentó una propuesta de reforma integral al sistema de justicia en México, destacando la eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Esta iniciativa, de 272 páginas, surge en el contexto del debate en el Senado sobre la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El documento presentado por Piña contiene 20 transformaciones centrales que se dividen en dos apartados: aspectos institucionales y acceso a la justicia. En el primer apartado, la ministra propone crear una ley nacional de carrera judicial que unifique los procesos de selección y ascenso de jueces, basados en el mérito y capacidades profesionales. Además, plantea que México debe acatar las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, eliminando el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, así como ajustar la figura de flagrancia para evitar detenciones arbitrarias.
Otra de las propuestas relevantes es abandonar el enfoque punitivista en el combate contra el narcotráfico, ya que, según Piña, dicho modelo ha incrementado la violencia en lugar de generar beneficios. En su lugar, sugiere que las Fuerzas Armadas disminuyan su participación en labores de seguridad pública, tal como lo establece la Constitución, y que se fortalezcan las instituciones civiles, mejorando las condiciones laborales de los policías.
Piña también aboga por la creación de un Sistema Nacional de Defensorías para homologar la actuación de estas ante los Ministerios Públicos en casos como tortura o ejecuciones extrajudiciales. Propone incrementar el personal y fortalecer la autonomía de las defensorías públicas, consolidando un servicio profesional de carrera.
A diferencia de la reforma judicial promovida por López Obrador, la propuesta de Piña introduce cambios en las fiscalías y Ministerios Públicos. Estos incluyen la creación de modelos de carrera para el personal, así como un consejo independiente similar al Consejo de la Judicatura, que evalúe y certifique su desempeño.
La ministra también sugiere modificar la Ley de Amparo para permitir suspensiones con efectos generales, en contraste con la reforma reciente aprobada por la mayoría morenista que busca limitar dichas suspensiones. Además, propone que al menos el 2% del presupuesto público sea asignado al Poder Judicial, lo que mejoraría la eficiencia de sus labores.
Junto a la propuesta de Piña, se presentaron dos documentos adicionales sobre la reforma judicial. Uno de ellos, elaborado en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, aborda el contexto sociopolítico y las implicaciones para la independencia judicial. El segundo documento, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, sugiere reformas para los poderes judiciales locales, entre ellas la certificación de abogados y la creación de asesorías jurídicas gratuitas.
Este paquete de reformas fue presentado en medio de la discusión en comisiones del Senado y en paralelo a manifestaciones de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial que rechazan la reforma promovida por el presidente López Obrador.
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