El Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó una clausura simbólica de los accesos al máximo tribunal en protesta contra la Reforma Judicial aprobada en la Cámara de Diputados. Los integrantes de las ponencias de ocho ministros, responsables de la elaboración de proyectos de sentencia, expresaron su rechazo a la reforma impulsada por la mayoría de Morena, la cual, aseguran, no trae beneficios al país.
Rosalba Rodríguez Mireles, portavoz de los manifestantes, explicó que la reforma judicial afecta los derechos y libertades de los trabajadores del Poder Judicial, consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales. «Un Poder Judicial basado en la popularidad de las personas juzgadoras y no en su preparación y capacitación pone en riesgo el acceso a la justicia de todas y todos, principalmente de mujeres, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual», señaló.
Rodríguez Mireles también criticó la falta de diálogo por parte de los legisladores que promueven la reforma, quienes, a su juicio, han ignorado las preocupaciones expresadas tanto a nivel nacional como internacional. «La protesta es nuestro derecho humano, por lo que esta manifestación es legítima y legal. Se trata del último recurso con el que contamos», agregó la secretaria de estudio y cuenta.
Aunque los manifestantes cerraron simbólicamente los accesos a la SCJN, permitieron el paso al personal de las ponencias de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes se han opuesto a la suspensión de actividades. También se mantuvieron de guardia otros funcionarios del tribunal para atender casos urgentes.
La clausura simbólica, que estaba programada para las 12:00 horas, se adelantó ante la llegada de colectivos que apoyan la Reforma Judicial. La protesta, sin embargo, no ha interrumpido completamente las actividades de la SCJN, ya que algunos trabajadores siguen laborando para garantizar que se atiendan los asuntos más importantes.
Rodríguez Mireles concluyó subrayando que esta protesta no es solo una disputa entre abogados, sino una cuestión que afecta a todos los mexicanos. «Lo que está en juego es la justicia imparcial y la protección de los derechos de más de 130 millones de personas en México», advirtió.
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