Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, argumentó que la reforma representa “una amenaza a los derechos y libertades de los mexicanos” y afirmó que el partido actuará para prevenir lo que considera un avance hacia un gobierno autoritario.
La propuesta, que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, busca transformar el Poder Judicial y fortalecer su transparencia y rendición de cuentas, además de implementar un sistema de elección directa para el 2025.
Magistrados señalan que aún hay cientos de amparos y opciones de impugnación, tanto en tribunales nacionales como en instancias internacionales, para defender la autonomía judicial frente a la reforma de Morena.
La presidenta propuso nombrar un ministro que respaldara su reforma judicial si la SCJN la invalidaba. Sheinbaum acusa a ministros de ser afines al “viejo régimen” y defiende su visión de un Poder Judicial «electo por el pueblo».
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el respaldo de la Suprema Corte de Justicia a la reforma al Poder Judicial, que incluye la elección directa de jueces y magistrados en junio de 2025. Este avance busca democratizar el sistema judicial y garantizar que responda a las necesidades ciudadanas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó de forma unánime las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, lo que permite su continuidad. La decisión, rodeada de tensiones, reveló divisiones entre ministros sobre el número de votos necesarios. La determinación subraya la complejidad del debate judicial en México.
La coordinadora del GPPAN, Noemí Luna Ayala, y el diputado Federico Döring Casar expresaron su preocupación por la reforma judicial del Ejecutivo y su impacto en el Poder Judicial. Destacaron el apoyo a los trabajadores y la defensa de la Constitución, advirtiendo sobre irregularidades en el proceso legislativo y la necesidad de respetar las decisiones de la Suprema Corte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la discusión sobre la invalidez de la Reforma Judicial propuesta por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Aunque reconoció su facultad para revisar reformas constitucionales, no alcanzó los votos necesarios para decidir, dejando en el aire el debate sobre la aplicación de dicha reforma y sus implicaciones.
A pesar de las reiteradas órdenes judiciales para suspender la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Congreso de la Unión y la propia presidenta de la República han ignorado hasta 145 sentencias, lo que ha generado un clima de desacato judicial en el país.
La presidenta considera que el presupuesto de 13 mil millones aprobado por el INE para la elección de jueces y ministros en 2025 es excesivo y busca alternativas para optimizar recursos sin comprometer la democracia.