A pesar de las reiteradas órdenes judiciales para suspender la reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Congreso de la Unión y la propia presidenta de la República han ignorado hasta 145 sentencias, lo que ha generado un clima de desacato judicial en el país. La discusión sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que busca invalidar la reforma que plantea la elección de ministros y jueces por voto popular, llega en un contexto de creciente tensión entre los poderes judicial y ejecutivo.
Hasta el 7 de octubre, el INE había recibido un total de 140 órdenes judiciales para frenar la elección judicial, y aunque suspendió temporalmente los trabajos organizativos, los reanudó después de recibir un fallo favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que la suspensión era «constitucionalmente inviable». Sin embargo, el 31 de octubre, el juez Francisco Javier García Contreras reiteró la orden de suspender la elección, advirtiendo con sanciones económicas y penales a los consejeros del INE, aunque la medida no tuvo efectos prácticos.
Además, el 31 de agosto, tres días antes de que la Cámara de Diputados comenzara a discutir la reforma judicial, dos jueces federales ordenaron suspender tanto la discusión como la aprobación de la misma. Sin embargo, la orden fue desoída por los legisladores, quienes aprobaron la reforma en una sede alterna, tras los bloqueos del Palacio Legislativo por parte de trabajadores del Poder Judicial. Esta desobediencia generó una ola de desconfianza en el cumplimiento de la ley por parte de los poderes involucrados.
El 17 de octubre, otra sentencia fue emitida por la jueza Nancy Juárez Salas, quien ordenó a la presidenta Sheinbaum y al titular del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, eliminar la publicación de la reforma judicial en un plazo de 24 horas. Sin embargo, esta decisión también fue ignorada, lo que provocó la iniciativa de «supremacía constitucional» impulsada por Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que fue aprobada rápidamente en fast track. Este decreto incluye un artículo transitorio que hace retroactiva su aplicación, estableciendo que todos los procesos judiciales contra la reforma judicial deben ser desechados.
El 27 de septiembre, la jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés emitió una suspensión provisional contra la reforma judicial, que prohibió a las autoridades reducir las remuneraciones de los impartidores de justicia y afectar las pensiones de los jueces en retiro. Además, ordenó que no se extingan los fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, lo que marcó un precedente en las resoluciones judiciales contra la reforma.
Recientemente, el 1 de noviembre, el juez Sergio Santamaría Chamú también otorgó una suspensión provisional, esta vez enfocada en evitar el cese masivo de jueces y magistrados adscritos a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), lo que ha sumado presión para frenar la reforma. A pesar de las suspensiones judiciales, la presidenta Sheinbaum ya ha anunciado un «Plan B» en caso de que el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá sea aprobado, lo que sugiere que el gobierno federal está dispuesto a seguir adelante con su reforma judicial, aunque en un contexto de constantes enfrentamientos con el poder judicial.
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