Pese al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados han recordado a Morena y a la clase política que la batalla legal en torno a la reforma judicial aún está lejos de concluir. Señalaron que existen cientos de recursos de amparo en curso en diversas instancias y que la revisión de la constitucionalidad de esta reforma podría seguir tanto a nivel nacional como internacional.
En la llamada “contra mañanera judicial”, el magistrado Juan José Olvera explicó que el fallo del martes no supone una derrota definitiva para los juzgadores. “Lo decidido fue que no había votos suficientes para invalidar la norma, pero también se observó que en el análisis se mencionó la posibilidad de examinar la constitucionalidad de las reformas por medio de amparos”, declaró Olvera.
Según los jueces, la SCJN dejó abierta la puerta para que reformas a la Constitución puedan ser objeto de acción jurisdiccional. “Siete ministros dejaron en claro que las reformas constitucionales pueden ser examinadas por jueces. Esto abre la posibilidad de que se evalúe si la reforma vulnera principios fundamentales”, agregó el magistrado.
Otra vía para impugnar la reforma se centra en aquellos apartados que, al no tener carácter electoral, podrían ser objeto de revisión mediante amparos que cuestionen el nombramiento y destitución de jueces bajo la nueva ley. Este argumento podría convertirse en un frente para los magistrados que ven en la reforma una amenaza a la independencia judicial.
Además, los jueces no descartan llevar el caso al plano internacional. Olvera mencionó que ya se han activado acciones en organismos de derechos humanos fuera del país, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La magistrada Lucía García González informó que el 12 de noviembre diversas organizaciones de jueces y magistrados presentarán sus alegatos en la CIDH en Washington, argumentando que la reforma vulnera derechos fundamentales de los juzgadores.
García González subrayó que si es necesario, podrían recurrir eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque reconoció que estos procesos internacionales pueden ser largos, subrayó que los jueces están decididos a agotar todas las instancias posibles para defender la autonomía judicial.
Con estos recursos, los jueces buscan resistir lo que consideran una embestida contra su independencia, y señalan que los efectos de la reforma judicial podrían tomar tiempo en resolverse. Para los magistrados, esta es una “batalla por la dignidad del Poder Judicial” que no piensan abandonar.
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