Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, respaldó los reclamos del Ejecutivo federal hacia la Fiscalía General de la República (FGR), al calificar como una «falla grave» la tardanza para identificar al piloto que trasladó a Ismael «El Mayo» Zambada.
El también coordinador de la bancada de Morena acusó una deficiencia en los sistemas de inteligencia del órgano autónomo tras una omisión de 10 meses en la investigación. Subrayó la necesidad de fincar responsabilidades al interior de la dependencia por permitir el procesamiento del perfil sin un interrogatorio previo.
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Acción unilateral ante la ONU
En un movimiento paralelo, el legislador anunció la activación de una estrategia de política exterior desde el ámbito parlamentario. Confirmó el envío de requerimientos a la ONU, la Corte Interamericana y el Tribunal de Justicia de La Haya ante el incremento de redadas operadas por ICE y las políticas migratorias de Donald Trump.
Ante la negativa de las bancadas del PRI y PAN para suscribir un documento conjunto, Monreal advirtió que despachará las misivas internacionales de forma unilateral. El legislador argumentó que utilizará su investidura en la JUCOPO para llevar a cabo estos requerimientos oficiales internacionales, aun sin consenso interno.
Freno a proceso en Baja California
Respecto a la agenda política interna, el diputado abordó la crisis en Baja California entre la gobernadora Marina del Pilar y el exmandatario Jaime Bonilla. Desestimó que los conflictos públicos pongan en riesgo la coalición electoral entre Morena y el PT rumbo a los comicios de 2027.
En un cambio de postura respecto a declaraciones previas, retiró su sugerencia para que el gobierno estatal presente denuncias penales por la reciente filtración de audios. Argumentó que la judicialización de las presuntas labores de espionaje detonaría una confrontación que contravendría los esfuerzos de pacificación del movimiento.
Las determinaciones del presidente de la JUCOPO consolidan un bloque de presión desde los poderes Ejecutivo y Legislativo hacia la actuación de la FGR, al tiempo que evidencian una fragmentación del diálogo con la oposición para abordar la agenda diplomática.
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