El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de tipificar y sancionar con penas de 80 a 140 años de prisión a los servidores públicos que colaboren, faciliten o se coludan con estructuras del crimen organizado.
La propuesta legislativa, suscrita formalmente por el diputado federal José Manuel Hinojosa Pérez, contempla que las sanciones pecuniarias alcancen hasta 24 mil días de multa. Asimismo, establece el carácter de imprescriptible para los delitos cometidos por mandos o funcionarios que utilicen la estructura del Estado para favorecer a organizaciones delictivas o interferir en el desarrollo de los procesos electorales y las instituciones democráticas.
Durante la presentación del proyecto ante el Pleno, el proponente argumentó que la infiltración de la delincuencia organizada en los tres órdenes de gobierno vulnera la división de poderes. Por ello, la norma busca castigar tanto a los integrantes de células criminales que incidan en decisiones de gobierno como a las autoridades que permitan deliberadamente la operatividad delictiva mediante la omisión de sus facultades legales.
El marco punitivo planteado en la iniciativa abarca de manera específica a los titulares del Ejecutivo federal y de las entidades federativas, secretarios de Estado, titulares de las fiscalías generales y mandos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que incurran en esquemas de colaboración o protección hacia grupos armados fuera de la ley.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que este instrumento jurídico forma parte del paquete de prioridades acordado en la reciente reunión plenaria del partido en La Paz, Baja California Sur. El legislador enfatizó que la aprobación de este marco legal resulta indispensable para desarticular las redes de impunidad que operan desde cargos de elección popular e instituciones de seguridad.
La iniciativa propone además la adición explícita de estas conductas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que facultará a las autoridades investigadoras a aplicar técnicas especiales de investigación y medidas cautelares estrictas contra los funcionarios señalados. El proyecto fue turnado a las comisiones unidas correspondientes en la Cámara de Diputados para su dictaminación y posterior debate.
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