Revelan que la gobernadora de Baja California mantuvo comunicación con el consultor Juan Sandoval, establecido en San Diego, e intervino con abogados y representantes estadounidenses para atender su situación tras la revocación de su visado.
Nuevas filtraciones revelan que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contrató a un exagente del FBI para cancelar su visa estadounidense, acusando a su antecesor de una trampa política. Los mensajes muestran contradicciones en su defensa y revelan gestiones previas con funcionarios de EE. UU. sin respuesta oficial.
La crisis política en los estados fronterizos de México se intensifica debido a acusaciones contra funcionarios por vínculos con el crimen organizado y escándalos diplomáticos. La falta de comunicación entre el gobierno federal y estatales profundiza la incertidumbre. Esto afecta la gobernabilidad y la credibilidad institucional a medida que se acerca una reconfiguración del poder electoral.
El pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum se suma a las críticas de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien calificó los presuntos acuerdos de la morenista con agencias estadounidenses como una vulneración a la soberanía.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO, criticó la tardanza de la FGR en identificar al piloto de Ismael «El Mayo» Zambada, denunciando fallas en sus sistemas de inteligencia. Además, anunció una estrategia unilateral en política exterior ante la ONU por las políticas migratorias de Trump y abordó la crisis en Baja California.
Legisladores de Acción Nacional pidieron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que solicite licencia tras la filtración de grabaciones sobre un presunto intercambio de información con autoridades de EE. UU. Esta situación genera tensiones políticas y compromete acuerdos comerciales y diplomáticos con el país vecino.
La gobernadora de Baja California afirmó que el ofrecimiento de su antecesor para solucionar la revocación de su visado fue una trampa que derivó en la filtración de audios con agencias del Departamento de Justicia.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, exigió la renuncia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, tras acusaciones de traición a la patria por presunta entrega de información sensible. Además, se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, buscando sentencias más severas para adolescentes en crímenes graves.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, comentó sobre audios filtrados que implican a la gobernadora de Baja California en negociaciones de seguridad por una visa. Afirmó que las grabaciones, obtenidas por espionaje, no tienen valor legal y defendió la soberanía de México ante los EE. UU.
La presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, instó a investigar las declaraciones de la DEA sobre vínculos entre autoridades mexicanas y cárteles. Enfatizó la importancia de aclarar la situación de funcionarios en Baja California y Sinaloa, y cuestionó acciones de la Fiscalía. Además, se busca un acuerdo en el Congreso para proteger los derechos humanos.