El Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Laboratorio Electoral presentaron un Amicus Curiae ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para señalar que la reciente integración de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) vulnera principios constitucionales.
A través de este recurso jurídico de acompañamiento, las organizaciones de la sociedad civil argumentan que los nombramientos realizados al interior del órgano electoral contravienen el mandato de paridad de género y afectan directamente la naturaleza de colegialidad que debe regir a la institución.
Vulneración a la igualdad sustantiva
El documento técnico expone que las designaciones aprobadas constituyen una medida regresiva en materia de igualdad sustantiva. Los promoventes contrastan la actual conformación directiva con integraciones anteriores del propio instituto, las cuales habían alcanzado niveles de participación cercanos a la paridad total.
Las agrupaciones sostienen que el principio de paridad no se limita exclusivamente a los cargos de elección popular. En su argumentación, subrayan que esta obligación, derivada de los estándares constitucionales y convencionales del Estado mexicano, resulta plenamente aplicable a los nombramientos por designación dentro de los órganos autónomos.
Además del factor de género, el análisis presentado ante el tribunal alerta sobre un impacto negativo en la toma de decisiones. El escrito enfatiza que los nombramientos recientes representan un retroceso que compromete la colegialidad, elemento definido como esencial para el funcionamiento de la máxima instancia administrativa del INE.
Llamado a la Sala Superior
Ante este escenario, ambas organizaciones solicitaron a las magistraturas de la Sala Superior emitir una interpretación jurisdiccional que privilegie la autonomía de la autoridad electoral y revierta las designaciones que contravengan el marco constitucional.
Finalmente, el documento presentado al TEPJF subraya la necesidad de que la resolución judicial salvaguarde de manera prioritaria la capacidad técnica y operativa de la institución, factor operativo que resulta fundamental para el desarrollo y organización de los próximos procesos electorales en el país.
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