La fracción mayoritaria en el Congreso de la Unión perfila un proceso legislativo acelerado para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial esta misma semana, proyectando su entrada en vigor entre el 2 y 3 de junio de 2026.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó un cronograma que agotará la discusión de la iniciativa en un lapso de tres días. «El viernes se terminará el proceso y se enviará a los estados para que sean también la mayoría más uno quienes avalen», puntualizó el legislador sobre la ruta hacia la promulgación.
Calendario en comisiones y pleno
El procedimiento formal inicia con la emisión del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Tras un periodo técnico de cinco días dispuesto para su análisis, el proyecto se votará el martes, se discutirá en el pleno de San Lázaro el miércoles y se turnará como minuta al Senado de la República el jueves de esta misma semana.
En la cámara revisora, los legisladores prevén finalizar el trámite el viernes. Posteriormente, el texto será remitido de inmediato a las legislaturas locales, donde requiere la ratificación de al menos 17 congresos estatales para que la Comisión Permanente proceda a emitir la declaratoria de validez.
Cambios estructurales y anexos
El proyecto modifica inicialmente siete artículos constitucionales con impacto en el ámbito federal y local. La disposición central plantea reestructurar la Suprema Corte mediante la creación de «secciones» operativas que sustituirán a las actuales Salas, una medida orientada a reducir el rezago de expedientes acumulados.
Pese a lo acotado de los tiempos de revisión en el poder legislativo, el diseño del proceso admite modificaciones de última hora. Monreal Ávila reconoció públicamente que la ruta establecida «no impide que de aquí a mañana de la Comisión Permanente se puedan incluir otras materias».
Esta disposición procedimental mantiene abierta la posibilidad de integrar normativas, regulaciones o temas adicionales que no formaron parte del análisis inicial durante los trabajos de dictaminación, antes de que concluya el ciclo legislativo.
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