El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para establecer nuevos aranceles recíprocos a productos provenientes de decenas de países, con tasas que oscilan entre el 10% y el 41%, de acuerdo con el balance comercial que Washington mantiene con cada nación. La medida forma parte de una estrategia para “corregir desequilibrios” en el comercio internacional, según explicó un funcionario de alto nivel del Gobierno estadounidense.
La Casa Blanca detalló que el monto de los aranceles dependerá del superávit o déficit comercial de cada país con Estados Unidos. En los casos donde Washington registre un superávit comercial, se aplicará un arancel del 10%. Si existe un déficit menor, la tasa será del 15%. Para relaciones con mayores desequilibrios, los aranceles escalarán hasta el 41%.
En este contexto, los aranceles a los productos procedentes de Canadá subirán del 25% al 35%, mientras que a Costa Rica, Bolivia y Ecuador se les impondrá una tarifa del 15%. Por otra parte, se aplicará un arancel del 10% a Argentina, pese a que es considerado un aliado estratégico en América Latina.
En cuanto a países como India, el funcionario destacó que las tensiones geopolíticas vinculadas con su pertenencia al grupo BRICS y su relación con Rusia representan factores determinantes para las decisiones comerciales. «Estas diferencias no se pueden resolver de la noche a la mañana», sostuvo el vocero, quien pidió mantener el anonimato.
Asimismo, el Gobierno estadounidense anunció que en las próximas semanas entrarán en vigor nuevas reglas de origen, orientadas a regular los productos transbordados, es decir, aquellos que son reexportados desde terceros países para evitar sanciones arancelarias. Los detalles de estas reglas aún están en proceso de definición.
En el caso de China, el funcionario aclaró que “no se ha tomado una decisión final”, aunque se mantiene bajo análisis debido a la persistencia de disputas comerciales y tecnológicas entre ambas potencias.
Esta política arancelaria se suma a otras medidas implementadas por la administración Trump con el objetivo de proteger la industria y el empleo estadounidenses, en medio de un entorno económico internacional caracterizado por tensiones comerciales crecientes.
México quedó fuera de estas tarifas, durante 90 días, gracias a un acuerdo alcanzado con la presidenta Claudia Sheinbaum.
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