El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue posibles actos de censura institucional, criminalización del ejercicio periodístico y sanciones desproporcionadas impuestas a ciudadanos por manifestarse en redes sociales.
Durante su participación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Moreira presentó un punto de acuerdo en el que advirtió que “el silencio institucional de la CNDH resulta inadmisible”.
“Este organismo autónomo no debe ser omiso ante esta situación”, expresó el legislador priista.
Denuncian patrón sistemático contra la crítica
Moreira afirmó que la libertad de prensa “no puede ser objeto de represalias políticas ni de castigos ejemplares” y que silenciar a medios, inhabilitar periodistas o judicializar la crítica “son prácticas incompatibles con cualquier sistema democrático”.
Entre los casos citados, mencionó al analista Héctor de Mauleón, señalando que las acciones en su contra, así como contra otros periodistas y usuarios críticos, “ya no son casos aislados, sino parte de un patrón sistemático”.
Asimismo, advirtió que la persecución se ha extendido más allá de los medios tradicionales, afectando también a voces en redes sociales. Esto, dijo, agrava el impacto sobre la participación ciudadana y el pluralismo.
Llamado a pronunciamiento de la CNDH
El diputado recordó que la CNDH tiene el mandato constitucional de proteger los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, y subrayó que este derecho “está siendo vulnerado por actos institucionalizados de censura”.
“La CNDH tiene no sólo la facultad, sino la obligación ética y legal de emitir un pronunciamiento claro, fundado y motivado, que marque un límite a los abusos de poder”, declaró.
Sanciones por publicaciones en redes
Moreira también criticó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya sancionado a ciudadanos por expresarse en redes sociales bajo el argumento de violencia política de género. Indicó que en estos casos se han impuesto multas, disculpas públicas y cursos obligatorios.
Como ejemplo, mencionó la denuncia de la legisladora del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, quien fue señalada por una usuaria de haber avanzado políticamente gracias al diputado Sergio Gutiérrez Luna. El caso derivó en sanciones contra la ciudadana que emitió los comentarios.
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