El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República presentó el jueves una iniciativa para modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, con el fin de garantizar la expedición de la cédula profesional electrónica a profesionistas que obtuvieron sus documentos antes de la digitalización del sistema.
La propuesta legislativa busca terminar con los obstáculos administrativos que enfrentan quienes tramitaron sus estudios en formato físico antes de 2018. Para ello, plantea la adición de los artículos 23 Bis y 25 Bis al ordenamiento mencionado, obligando a la Dirección General de Profesiones a establecer un procedimiento permanente de integración, validación y registro.
El documento detalla que la falta de un archivo electrónico original no podrá ser utilizada como justificación para negar el registro o la emisión del documento oficial. Los interesados podrán acreditar la validez de sus estudios a través de copias certificadas, registros oficiales, constancias institucionales o archivos históricos.
Mecanismo de regularización
Este procedimiento aplicará específicamente para la validación y digitalización de títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos que fueron expedidos previo a la implementación de las plataformas tecnológicas actuales.
Los legisladores promoventes argumentaron que la transición digital generó un rezago que actualmente limita la movilidad académica y las oportunidades laborales de miles de egresados. Se señaló que esta condición ha derivado en una desigualdad entre las generaciones recientes y aquellas con mayor antigüedad en el mercado laboral.
Certeza jurídica y validación
Además de la regularización administrativa, el proyecto legislativo tiene como eje el fortalecimiento de la certeza jurídica de las credenciales académicas en el país. El diseño del procedimiento contempla mecanismos de colaboración directa con las instituciones educativas para prevenir irregularidades y combatir la falsificación documental.
De avanzar el dictamen en el proceso legislativo, el Estado deberá utilizar sus herramientas digitales para evitar la exclusión de los profesionistas rezagados, dotándolos de instrumentos verificables para acreditar su formación tanto a nivel nacional como en el extranjero.
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