La senadora Carolina Viggiano presentó este viernes un escrito ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar el inicio de un procedimiento oficioso, o en su subsidio una queja o denuncia, contra el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Financiera para el Bienestar (Finabien).
El recurso legal exige investigar el contrato con clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022, enfocado en la dispersión de fondos institucionales bajo la denominación técnica de «apoyos sociales». Dicho instrumento fue firmado el 1 de junio de 2022 y prorrogado hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de concluida la jornada electoral federal.
La petición legislativa se fundamenta en la cédula de resultados emitida en diciembre de 2025 por el Órgano Interno de Control de la propia Finabien. El documento detalla que el convenio contempló la emisión de hasta 252 mil 901 giros nacionales, generando pagos por comisiones de alrededor de 3.5 millones de pesos.
Omisiones normativas y fiscales
Según la auditoría interna citada en la solicitud, durante la ejecución del contrato no se aplicó el protocolo de cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esto a pesar de la existencia de alertas internas documentadas desde enero de 2023.
En materia de fiscalización partidista, el escrito señala que, tras la revisión de los informes de ingresos, egresos y campaña presentados por el instituto político al INE durante el periodo 2022-2024, no se advierte que el contrato ni los recursos dispersados hayan sido reportados a la autoridad electoral.
Requerimientos de investigación financiera
Para esclarecer el origen y destino del capital, el requerimiento solicita al INE ejercer sus facultades legales para levantar los secretos bancarios, fiduciarios y fiscales vinculados a la operación. Asimismo, pide requerir la documentación íntegra a Finabien y a su órgano auditor.
El documento exige además solicitar informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. De resultar procedentes los hallazgos, se solicita dar vista tanto a esta unidad como a la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúen conforme a sus atribuciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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