El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, anunció la próxima presentación de una iniciativa legislativa enfocada en reestructurar la política pública y los mecanismos de transparencia frente a la desaparición de personas en México.
Durante sus actividades en el marco de la Comisión Permanente en el Senado, el legislador señaló que el país carece de una estrategia estructurada que permita conocer la asignación de fondos para la búsqueda de víctimas y el nivel de coordinación técnica con las entidades federativas.
Tras confirmarse las reuniones del Ejecutivo federal con familiares de víctimas, Moreira Valdez apuntó la necesidad de transparentar los acuerdos de dichos encuentros. Como referencia institucional, expuso el modelo de Coahuila, donde el gobierno estatal mantiene reuniones periódicas, con agendas y acuerdos públicos, con los colectivos de buscadores.
Transición en estrategia de seguridad
En su análisis del panorama nacional, el diputado identificó un cambio operativo en el abordaje de la seguridad bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, contrastándolo con la inacción y omisión documentadas durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, proyectó un periodo prolongado para observar una reducción en la incidencia delictiva. «Se va a perder una década en tratar de construir de nueva cuenta las instituciones que nos generen certeza», detalló el coordinador priista, al evaluar el déficit estructural heredado en materia de seguridad pública.
Procesos internos y agenda pública
Respecto al proceso para definir las coordinaciones estatales de la Cuarta Transformación, Moreira Valdez argumentó que la anticipación de estas precampañas opera fuera del marco legal, con el objetivo de acaparar la narrativa pública y marginar de la toma de decisiones a las fuerzas políticas aliadas al oficialismo.
Finalmente, enmarcó tanto este proceso interno como la opacidad ante los recientes señalamientos contra funcionarios estatales de Baja California y Sinaloa, como parte de una maniobra para desviar el debate de indicadores críticos: la inseguridad, la tensión diplomática con Estados Unidos, el desabasto de medicamentos y la falta de crecimiento económico.
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