El número de arbitrajes entre inversionistas extranjeros y naciones soberanas ha mostrado un aumento constante, alcanzando al menos 50 casos anuales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una unidad especial del Banco Mundial, según un informe de la calificadora Moody’s titulado “Las disputas multimillonarias entre inversionistas y Estados pueden amenazar la fortaleza crediticia”.
De acuerdo con el reporte, este promedio de 50 casos anuales se registró en siete de los últimos diez años, superando el promedio de 33 casos por año observado en la década anterior. Esta tendencia es particularmente evidente en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde los países lideraron el número de casos globales en 2024.
Las disputas han generado presión en el perfil crediticio de los soberanos, quienes perdieron más de la mitad de los casos resueltos durante el año pasado. Moody’s advirtió que “las crisis económicas, nacionalizaciones y sentencias judiciales de los soberanos suelen desencadenar disputas entre inversionistas y Estados”, lo que puede representar un riesgo fiscal significativo, ya que las demandas de compensación equivalen, en promedio, al 9% del producto interno bruto (PIB).
La calificadora también señaló que las sentencias desfavorables pueden tener implicaciones fiscales serias para los gobiernos, incrementando costos, reduciendo el espacio fiscal, aumentando la carga de la deuda y debilitando la fortaleza fiscal de los países afectados.
Según el informe, los sectores de petróleo, gas y minería representan el 26% de los casos de arbitraje registrados. Moody’s destacó que el incumplimiento de las decisiones del CIADI debilita la confianza de los inversionistas y limita el crecimiento económico, lo que podría generar implicaciones crediticias negativas para sectores estratégicos.
Además, el informe menciona que algunos países se han retirado del CIADI debido a la imposición de sanciones elevadas, afectando su calidad institucional y la eficacia de sus políticas, según la evaluación de las puntuaciones de fortaleza institucional y de gobierno de Moody’s.
Las disputas de inversión entre Estados e inversionistas privados continúan generando incertidumbre fiscal y desconfianza en el entorno empresarial de los países soberanos, lo que podría comprometer el desarrollo económico y la estabilidad financiera a largo plazo.
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