La agencia calificadora Moody’s Ratings rebajó este martes la calificación soberana de México de «Baa2» a «Baa3», situando la nota del país en el último nivel dentro del denominado grado de inversión. La institución financiera argumentó que la decisión se fundamenta en un deterioro sostenido de las finanzas públicas, el incremento del endeudamiento gubernamental y la carga presupuestaria que representa el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De manera simultánea, la empresa modificó la perspectiva crediticia de negativa a estable. El reporte oficial indica que esta previsión responde a que, a pesar del debilitamiento en los indicadores fiscales, la economía mexicana conserva condiciones de estabilidad macroeconómica, así como las ventajas del acceso preferencial al mercado comercial de Estados Unidos.
Evolución de la deuda y el factor Pemex
Esta resolución representa la primera disminución en la nota crediticia que Moody’s aplica a México desde julio de 2022, cuando la redujo de «Baa1» a «Baa2». Previamente, el país había perdido la categoría «A3» durante el año 2020.
El informe técnico puntualiza que el proceso de consolidación fiscal se ha desarrollado con mayor lentitud respecto a las proyecciones previas. Los registros muestran que la deuda bruta del gobierno general se incrementó de 39.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 a 49.3% al cierre de 2025, previendo que el indicador pueda aproximarse al 55% del PIB hacia el año 2028.
De acuerdo con la calificadora, el margen de maniobra fiscal se encuentra presionado por las transferencias destinadas a la petrolera estatal. Durante 2025, el gobierno federal asignó aproximadamente 35 mil millones de dólares a Pemex, cifra equivalente al 1.9% del PIB nacional, y estableció una partida adicional presupuestada en 14 mil millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2026.
Proyecciones económicas y factores de riesgo
A la par del ajuste en la calificación, Moody’s redujo las expectativas de crecimiento económico para el país, estimando una expansión inferior al 1% en 2026 y de 1.3% para 2027.
El análisis institucional identificó diversos elementos estructurales y coyunturales que inciden en el desempeño de la actividad productiva interna. Entre los factores señalados destacan los problemas de seguridad pública, los niveles de informalidad laboral, el déficit de infraestructura en los sectores hídrico y energético, la incertidumbre vinculada a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y los efectos de la reforma judicial implementada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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