La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asignó más de 81 mil millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para 2025, año clave debido a la implementación de la reforma judicial y la elección de jueces.
El presupuesto aprobado para la SCJN asciende a 5 mil 922.9 millones de pesos, cifra que representa una reducción real del 1.4% frente a lo autorizado en 2024, tomando en cuenta la inflación proyectada. En contraste, el CJF recibirá 75 mil 142.7 millones de pesos, lo que supone un aumento del 4.8% respecto al año anterior.
El CJF detalló que 8 de cada 10 pesos del presupuesto se destinarán a servicios personales, destacando la importancia del capital humano en la impartición de justicia. Este rubro incluye las remuneraciones y prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, garantizando el respeto a los derechos laborales, como lo estipula el Artículo Décimo Transitorio de la reforma judicial.
El organismo también aseguró que las resoluciones judiciales que ordenan mantener las remuneraciones actuales serán respetadas, subrayando que no habrá ajustes que afecten a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esto se da en un contexto donde, en 2024, el CJF enfrentó el recorte presupuestal más severo de la última década, con una disminución de 5 mil 876 millones de pesos.
La SCJN y el CJF habían solicitado recursos con base en los requerimientos derivados de la reforma judicial, incluyendo el fortalecimiento del sistema de justicia y la implementación de nuevas dinámicas laborales. Hacienda concedió prácticamente las cantidades solicitadas por ambas instituciones, destacando el compromiso por garantizar la operación del Poder Judicial en medio de los ajustes previstos.
El CJF destacó que, pese a los desafíos presupuestales, continuará garantizando los derechos laborales de sus trabajadores y mantendrá la estabilidad institucional para asegurar el acceso a la justicia en el país. La asignación presupuestal refleja, según el organismo, un paso hacia la consolidación de las transformaciones impulsadas por la reforma judicial.
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