El juez de Colima, Francisco Javier García Contreras, impuso una tercera multa de 54 mil pesos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por incumplir la suspensión provisional otorgada a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., en un juicio de amparo que busca frenar la reforma judicial. El juzgador advirtió que, de persistir el desacato, aplicará el artículo 262 de la Ley de Amparo, que contempla penas de prisión de tres a nueve años y destitución del cargo.
El amparo, promovido para detener la discusión y aprobación de la reforma judicial en los poderes legislativos, señala que el INE ha desoído tres requerimientos judiciales. La primera negativa ocurrió en octubre, cuando los consejeros argumentaron que “no sabían qué hacer”, mientras que la segunda, en septiembre, se calificó de evasiva y falaz.
“Estoy volviendo a requerir al INE, a través de sus consejeros, para que cumplan la suspensión. Tienen un plazo de 24 horas una vez notificados. Si no lo hacen, daré vista al Ministerio Público para proceder conforme a la ley”, enfatizó García Contreras durante su participación en una conferencia de jueces.
El juez subrayó que, de ignorarse este tercer requerimiento, no solo se impondrían penas de cárcel, sino también la inhabilitación de los consejeros por un periodo de tres a nueve años. Aunque el INE aún no ha recibido formalmente esta última notificación, el plazo para responder se cumplirá en los próximos días.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que el organismo solicitó tiempo para consultar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de reiniciar los trabajos relacionados con el proceso electoral de juzgadores. Según Taddei, las consultas buscan asegurar que las acciones del INE estén en línea con las disposiciones legales.
La Fundación Iris, promotora del amparo, argumenta que la reforma judicial podría poner en riesgo derechos fundamentales y exige su suspensión hasta que se resuelva el fondo del asunto. Mientras tanto, el INE enfrenta un plazo límite hasta el 20 de noviembre para cumplir con los requerimientos del proceso electoral pendiente.
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