El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2012, presentó su renuncia en cumplimiento de la reforma judicial, la cual obliga a los ministros a dejar sus cargos antes del cierre de la convocatoria para el proceso de elección extraordinario. En su comunicado dirigido al Senado, Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que su decisión no implica una aceptación de la constitucionalidad de dicha reforma, cuestionada por su impacto en la independencia judicial y su controversial enfoque de elección popular de magistrados y jueces.
El ministro explicó que su renuncia no puede interpretarse como un aval a la legalidad de la reforma, sino como un acto conforme a la presunción de validez que la norma merece. “Es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma», expresó en su escrito, que fue verificado por fuentes de la Corte. Aclaró que el proceso de elección para cargos judiciales debería basarse en el resguardo de derechos y no en la voluntad mayoritaria, subrayando el valor del Poder Judicial en proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El documento circuló un día antes de que la SCJN anuncie formalmente la declinación de más jueces y magistrados, quienes han manifestado su negativa a participar en la elección de 2025. La convocatoria generó un aumento de renuncias de jueces y magistrados, quienes argumentan que el nuevo esquema representa una amenaza para la independencia judicial, una opinión compartida ampliamente por el sector.
Por otro lado, el lunes se hizo público el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para responder a las impugnaciones en contra de la reforma. En el proyecto, el ministro propone invalidar puntos específicos de la ley, como la figura de jueces sin rostro, la eliminación de amparos con efectos generales y el mecanismo de elección popular de jueces y magistrados federales y locales. Esta sentencia, de aprobarse, podría cambiar aspectos fundamentales de la reforma, pero mantendría el esquema de elección para ciertos cargos judiciales y la extinción de los fideicomisos de los trabajadores judiciales.
El proyecto de González Alcántara Carrancá también contempla un ajuste estructural en el Consejo de la Judicatura Federal, dividiéndolo en el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Además, fija plazos para que los juzgadores resuelvan asuntos fiscales y penales, en un intento por reducir los tiempos de resolución de casos judiciales complejos.
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