El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto de sentencia que propone declarar parcialmente inconstitucional la reforma judicial impulsada en 2022, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto considera inválida la elección por voto popular de jueces y magistrados, pero mantendría la elección de ministros de la SCJN, con el objetivo de resolver la «crisis constitucional» en curso.
González Alcántara destacó en su proyecto que esta decisión es un ejercicio de «autocontención» para reducir la tensión entre los poderes de la Unión y restablecer la normalidad institucional. Explicó que la elección de ministros debe mantenerse para garantizar la estabilidad constitucional, mientras que la propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular vulnera los principios de imparcialidad e independencia.
Además, el proyecto incluye la eliminación de la figura de «jueces sin rostro» y la invalidez de los amparos con efectos generales, argumentando que estas figuras contravienen la autonomía judicial. Propone, sin embargo, conservar la elección de ministros de la SCJN y de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, medida que apunta a reforzar la estructura interna del Poder Judicial.
El ministro también cuestionó la renovación total de los poderes judiciales locales, señalando que permitir la remoción y sustitución completa de jueces estatales a través del voto popular comprometería los derechos constitucionales. Esta medida, afirmó, puede representar una violación a los principios fundamentales establecidos en la Carta Magna, lo que debilitaría la democracia constitucional.
En su exposición, González Alcántara aclaró que su decisión de no intervenir en la elección de ministros obedece a un acto de «mesura institucional». Afirmó que los ministros de la SCJN tienen la facultad de revisar las reformas constitucionales que alteren los principios básicos establecidos en la Constitución, conocidas como “cláusulas pétreas”, aunque su proyecto no incluye cambios sobre este tema.
El proyecto responde a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición, como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes consideran que las modificaciones afectan la independencia judicial. La SCJN hizo público el proyecto de González Alcántara, aunque aún no se ha agendado para ser discutido en el pleno de la Corte.
Para ser aprobado, el proyecto de sentencia necesita el respaldo de al menos ocho ministros. Dependiendo del resultado de la votación, el contenido del proyecto podría ser modificado, impactando el alcance de la reforma judicial y el equilibrio de los poderes en el país.
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