La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), advirtió este lunes que la iniciativa sobre supremacía constitucional, actualmente en discusión en el Congreso, vulnera los derechos humanos y va en contra de las obligaciones internacionales de México. La propuesta plantea que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas por el Poder Judicial, una medida que la BMA considera violatoria del artículo 1 de la Constitución, que garantiza el goce de derechos reconocidos en tratados internacionales.
La BMA señaló que, de ser aprobada, la iniciativa impediría el acceso al control judicial sobre reformas constitucionales, limitando la protección efectiva de los derechos humanos. Según la organización, esto contraviene las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual obliga a México a garantizar mecanismos judiciales efectivos y adoptar disposiciones internas para la protección de estos derechos.
“El acceso al control jurisdiccional es en sí mismo un derecho humano indispensable para asegurar que las reformas no vulneren derechos fundamentales”, sostuvo la BMA en un comunicado. La organización subrayó que el acceso a la justicia debe ser garantizado para que las modificaciones constitucionales respeten los derechos reconocidos en los tratados internacionales.
En esta misma línea, la BMA recordó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha enfatizado que cualquier proceso democrático debe proteger los derechos humanos, y las reformas constitucionales no deben ser una excepción. Este tipo de cambios, apuntan, no pueden quedar exentos de mecanismos de control judicial, pues sería un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales.
La organización hizo un llamado a los legisladores de ambas cámaras a evaluar la propuesta de supremacía constitucional en el contexto de las obligaciones internacionales de México. “Las decisiones del Congreso no deben comprometer el respeto y la protección de los derechos humanos que México ha ratificado en convenios internacionales”, indicaron.
El Senado aprobó la reforma el pasado 25 de octubre, con modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución. De concretarse, esta reforma eliminaría los recursos de control jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que actualmente permiten impugnar cambios a la Constitución.
La BMA, respaldada por expertos en derecho constitucional y derechos humanos, insistió en que impedir la revisión judicial de reformas pone en riesgo la garantía de los derechos humanos. Alertó que las implicaciones de la reforma son amplias y afectan el sistema de contrapesos del país, al reducir la capacidad del Poder Judicial de intervenir en casos de posible violación de derechos fundamentales.
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