El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, anunció que el Gobierno de México solicitará formalmente la extradición de Genaro García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, tras la reciente sentencia que condenó al exfuncionario a más de 38 años de prisión en Estados Unidos. García Luna enfrenta varias órdenes de aprehensión en México por diversos delitos, entre ellos, su implicación en el caso “Rápido y Furioso” y la privatización irregular de penales federales.
Gómez explicó que, aunque García Luna está cumpliendo una condena en EE. UU., esto no impide que el gobierno mexicano busque su extradición. «El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición… Estados Unidos está en condiciones y con la obligación de enviarlo a México cuando termine su sentencia», declaró el titular de la UIF.
Entre las acusaciones en su contra, destaca su presunta protección a Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente relacionado con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Según la FGR, García Luna habría encubierto a Sánchez Ortega, señalado como posible segundo tirador en el atentado de 1994. Estas acusaciones forman parte de las investigaciones pendientes por las que el exsecretario podría enfrentar la justicia en territorio mexicano.
Además de García Luna, su esposa Cristina Pereyra también es buscada por su participación en una red de lavado de dinero que, según la UIF, desvió más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos en contratos otorgados a empresas ligadas al Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
El esquema de lavado, que operó entre 2009 y 2018, involucró contratos de seguridad asignados a través del CISEN, la Policía Federal y la administración de penales federales. Estos contratos fueron ejecutados por empresas como NUNVAV Inc, y los fondos fueron transferidos a cuentas en países como México, Barbados e Israel, para luego ser redistribuidos a más de 10 naciones.
La investigación de la UIF derivó en la emisión de 61 órdenes de aprehensión, de las cuales 12 ya han sido cumplimentadas. Ocho personas están detenidas y vinculadas a proceso, mientras que 36 órdenes permanecen pendientes. Entre los detenidos se encuentra Jonathan Alexis Weinberg Pinto, arrestado en España en diciembre de 2023, cuya extradición a México está en curso.
La sentencia en EE. UU. contra García Luna, dictada por el juez Brian Cogan, incluyó además una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad supervisada tras cumplir su condena. Durante el juicio, su esposa, Cristina Pereyra, estuvo presente en la sala, a pesar de tener una orden de aprehensión en México.
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