Un tribunal del estado de Florida, Estados Unidos, dictó una sentencia condenatoria a favor de México que ordena el pago de 578.5 millones de dólares para la recuperación de activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública vinculado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. La resolución judicial fue dada a conocer este miércoles por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la dependencia federal, el fallo judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y a sus empresas relacionadas a pagar dicha cantidad por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano, derivado de su participación directa en operaciones vinculadas con un esquema de corrupción.
Mecanismo de contratación ilícita y pruebas
La Secretaría de Hacienda detalló que el proceso legal se sustentó en un conjunto de documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos de prueba obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional. A través de estos recursos técnicos se acreditó la participación de las personas físicas y morales demandadas en un mecanismo diseñado para la obtención ilegal de contratos públicos y el posterior ocultamiento de los recursos financieros extraídos.
La sentencia dictada forma parte de un acuerdo formal en el cual las partes civiles condenadas se encuentran obligadas a entregar activos específicos para la liquidación y el pago de las cantidades determinadas por las autoridades judiciales estadounidenses respecto a este expediente.
Acumulado de condenas vinculadas a García Luna
Esta nueva resolución judicial se añade a sentencias previas emitidas en contra de Genaro García Luna y su cónyuge, las cuales contemplan un monto superior a los 2 mil 448 millones de dólares.
«El monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación patrimonial relevante, impulsada por el Estado», precisó la Secretaría de Hacienda en su reporte.
El exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del expresidente Felipe Calderón fue condenado en el año 2024 a una pena de más de 38 años de prisión, adicionada con cinco años de libertad condicional y una sanción económica de 2 millones de dólares, tras ser hallado culpable en una corte estadounidense de cargos federales por narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
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