En las elecciones del 1 de junio de 2025, los ciudadanos mexicanos se enfrentarán a un reto inédito al tener que seleccionar a 562 jueces, magistrados y ministros, según una proyección del Instituto Nacional Electoral (INE). En total, más de mil candidaturas aparecerán en las boletas, lo que convierte esta elección en un evento singular en la historia electoral del país. La reforma judicial impulsada por el partido Morena y sus aliados en el Congreso fue la que desencadenó esta situación, al ordenar al INE organizar por primera vez una elección de este tipo.
A pesar de la magnitud de esta elección, aún no se han promulgado las leyes secundarias que establecerían las reglas básicas para las campañas, la fiscalización, la paridad de género, el acceso a medios de comunicación, y otros aspectos fundamentales del proceso electoral. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, señaló que el Senado deberá emitir la convocatoria para la elección en los próximos días, lo que permitirá conocer el número exacto de cargos a elegir.
De acuerdo con la proyección del INE, los ciudadanos deberán elegir a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas vacantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y 15 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF. Además, la mitad de los 309 magistrados de tribunales colegiados de distrito y la mitad de los 752 jueces de distrito también estarán en la boleta.
La magnitud de este proceso implica una considerable logística electoral; se estima que se imprimirán alrededor de 600 millones de boletas para cubrir esta elección. Para ponerlo en perspectiva, en la elección federal del 2 de junio de 2024, se imprimieron 312 millones de boletas para las elecciones de diputados federales, senadores y la presidencia de la República. La consejera Dania Ravel enfatizó la urgencia de tener listas las candidaturas para febrero de 2025, momento en el que el INE ordenará la impresión de las boletas.
Esta elección no solo marcará un hito en la política judicial del país, sino que también representará un desafío significativo para los votantes. La complejidad de elegir entre tantas opciones podría dificultar la toma de decisiones informadas, especialmente en un contexto donde la educación cívica sobre el papel y la función de estos cargos es escasa.
A medida que se acerca la fecha de la elección, la presión sobre el INE y el Senado aumentará para asegurar que se establezcan las reglas claras y justas que garanticen la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Los próximos meses serán cruciales para definir cómo se llevará a cabo esta innovadora elección y para asegurar que los derechos de los ciudadanos a participar en el proceso democrático sean plenamente respetados.
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