Expertos de la ONU han expresado serias preocupaciones sobre el impacto potencial de las reformas legislativas que buscan transferir el control total de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En un comunicado emitido desde Ginebra, once integrantes de diferentes relatorías y grupos de trabajo advirtieron que esta modificación podría facilitar un incremento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Los especialistas subrayaron que la reforma podría asignar de manera permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, contraviniendo los estándares internacionales de derechos humanos que han sido objeto de advertencia desde hace más de 20 años. «El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante», señalaron los expertos en el documento.
Desde la ONU, se recordó que, a lo largo de los años, ha habido un aumento progresivo en el papel de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad interior de México. A pesar de los desafíos que enfrenta el país en este ámbito, los expertos instaron a que las medidas para abordar la inseguridad sean conformes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. «Las alegaciones de violaciones a derechos humanos deben ser investigadas y los responsables llevados ante la justicia», enfatizaron.
El pronunciamiento también advirtió que, de aprobarse la reforma, se estaría ampliando la jurisdicción militar sobre la Guardia Nacional, lo que incluye facultades de investigación criminal. Esta acción invadiría la esfera civil, un aspecto que ha sido objeto de críticas por su posible contribución a la impunidad y a la perpetuación de abusos por parte de las autoridades militares.
Además, los expertos de la ONU reiteraron que las fuerzas de seguridad civil son esenciales para garantizar que las tareas de seguridad pública se lleven a cabo de manera efectiva y conforme a los derechos humanos. «México debe garantizar que la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores sea estrictamente extraordinaria y subordinada a la autoridad civil», señalaron.
A su vez, sugirieron que la GN debería seguir bajo mando civil y que es vital fortalecer sus capacidades desde un enfoque de seguridad ciudadana, promoviendo mecanismos de rendición de cuentas. En este sentido, hicieron un llamado a establecer un diálogo reflexivo que contemple el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
Finalmente, los expertos de la ONU manifestaron su disposición para ofrecer cooperación y asistencia técnica, asegurando que se respeten los derechos humanos de las víctimas y que cualquier caso de desaparición forzada sea investigado conforme al derecho internacional. El llamado es claro: la protección de los derechos humanos debe ser una prioridad en el diseño y ejecución de políticas de seguridad en México.
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