La noche del 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó la controvertida reforma judicial, pese a la suspensión provisional otorgada por un juez en Colima que impedía su publicación antes del 11 de octubre. Esta acción desató una ola de críticas por parte de expertos legales, quienes denunciaron que la reforma se aprobó y promulgó en desacato a dicha suspensión judicial.
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford emitieron un comunicado conjunto en el que alertaron sobre los riesgos que representa la reforma para la independencia judicial en México. «Estos cambios, que afectan más de 18 artículos de la Constitución, violan las obligaciones de México bajo el derecho internacional y representan una grave amenaza para la independencia judicial y el Estado de derecho», señalaron.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el reemplazo de casi 7 mil jueces mediante el voto popular, lo cual, según los críticos, politizará el Poder Judicial. La BMA también cuestionó la rapidez con la que se aprobó la reforma, señalando que la discusión y aprobación tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales duró poco más de ocho días, sin un debate profundo.
El abogado constitucionalista Raúl Andrade Osorio, representante de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, calificó la promulgación de la reforma como una acción tiránica. «López Obrador perdió la oportunidad de pasar a la historia como un demócrata», afirmó, advirtiendo que quienes sufrirán las consecuencias serán los sectores más vulnerables de la sociedad.
La Fundación Iris fue la organización que presentó un amparo el pasado 5 de septiembre para frenar la aprobación y publicación de la reforma judicial, obteniendo una suspensión provisional por parte de un juez de Colima. No obstante, el Ejecutivo decidió publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación, lo que ha sido señalado como una violación flagrante de la suspensión.
El profesor de derecho Francisco Burgoa, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también criticó la reforma, afirmando que «la independencia judicial no tiene nada que celebrar» en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de México. En su cuenta de X, Burgoa calificó la promulgación como una «grave afrenta al Estado de derecho».
A pesar de los intentos por detener la reforma, su entrada en vigor representa un punto de tensión entre el Poder Ejecutivo y los defensores del Estado de derecho, quienes ven en esta acción una erosión de los principios democráticos y la independencia de los jueces en México. Las reacciones por parte de la sociedad civil y expertos legales continúan creciendo, mientras el país enfrenta un nuevo capítulo de controversias constitucionales.
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