Coca-Cola Femsa decidió cerrar temporalmente sus bodegas en Puente de Ixtla, Morelos, tras el secuestro de cuatro de sus repartidores. Esta medida de seguridad fue confirmada el jueves, mientras las autoridades estatales y la empresa trabajan para garantizar la seguridad en la zona. Samuel Sotelo Salgado, gobernador interino de Morelos, explicó que la compañía no ha abandonado el estado, pero ha suspendido sus operaciones en esa localidad, trasladando temporalmente la distribución de sus productos a Cuernavaca.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, restó importancia al cierre de la refresquera, asegurando que «no impacta en nada» y mencionando que la empresa no solicitó apoyo del gobierno. Durante su conferencia matutina, minimizó la noticia del cierre de Coca-Cola Femsa, enfocándose en otro caso de inseguridad, relacionado con el rescate de niños secuestrados, aunque no ofreció más detalles.
El secuestro de los cuatro trabajadores de Coca-Cola Femsa, presuntamente cometido por grupos del crimen organizado, fue denunciado por la empresa ante la Fiscalía General del Estado. Aunque las autoridades han desplegado acciones de seguridad en la zona, aún no se tienen mayores avances en las investigaciones sobre los responsables del delito.
El gobernador interino aseguró que la empresa no ha dejado de operar en Morelos y que espera que retomen sus actividades normales pronto. Mientras tanto, la distribución de productos ha sido ajustada para evitar más incidentes.
Eduardo Medina, presidente de la CANACINTRA Morelos, afirmó que hasta el momento ningún trabajador de la refresquera ha perdido su empleo, pero subrayó la importancia de que las autoridades intensifiquen los esfuerzos para garantizar la seguridad, lo cual es fundamental para mantener la inversión en el estado. Además, Medina reveló que otra empresa, una agencia de vehículos, también cerró sus operaciones debido a la creciente inseguridad en la región.
A medida que se acerca la temporada alta de ventas, las empresas esperan que las autoridades puedan ofrecer garantías suficientes para que la actividad económica en la región no se vea más afectada por la violencia.
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