El gobierno del estado de Chihuahua solicitó la intervención del gobierno federal en el municipio de Guadalupe y Calvo, con el objetivo de hacer frente a la violencia ejercida por organizaciones criminales que ha generado el desplazamiento forzado interno de familias en la Sierra Tarahumara.
En conferencia de prensa, Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, informó que un número significativo de habitantes, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, abandonaron sus viviendas debido a las disputas territoriales entre grupos delictivos.
Rascón Carrillo precisó que el combate a la delincuencia organizada es competencia federal, aunque señaló que la administración estatal ha asumido la atención de las personas afectadas. No obstante, solicitó una mayor participación de la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Exigencias al gobierno federal
Para atender la problemática en el municipio serrano, el funcionario estatal planteó cinco peticiones dirigidas al Ejecutivo federal:
- Incorporar el desplazamiento interno como tema permanente en las mesas de construcción de paz a nivel federal.
- Integrar el fenómeno a la agenda del gabinete de Bienestar para reforzar la atención en alimentación, salud, vivienda y educación.
- Fortalecer la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos y desarticular las estructuras criminales.
- Restablecer los servicios federales en las comunidades afectadas.
- Destinar recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno en el Presupuesto de Egresos.
Atención estatal a las víctimas
Por su parte, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, detallaron que se activaron protocolos de acompañamiento y se habilitaron albergues temporales provistos de artículos de primera necesidad.
Las autoridades locales informaron que brindan asistencia psicológica y jurídica, apoyan en la restitución de documentos personales y acompañan a las familias afectadas en el proceso para lograr un retorno seguro a sus comunidades, al tiempo que mantendrán la presencia institucional en la región.
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