Un estudio reciente del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) y México Evalúa reveló que siete de cada diez abogados litigantes en México han sido víctimas de algún tipo de ataque relacionado con el ejercicio de su profesión. Además, entre 2012 y 2023, se documentaron 15 homicidios de jueces a nivel estatal, dos a nivel federal y seis asesinatos de actuarios.
El informe, titulado «Cuando impartir justicia es peligroso», pone de relieve los riesgos que enfrenta el personal judicial en el país, y advierte que la situación podría agravarse con la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa, que busca elegir a jueces y magistrados mediante voto popular, ha generado gran polémica y preocupación entre especialistas del sector.
José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y uno de los autores del informe, advirtió que la reforma judicial podría «exponer a los jueces a una condición de enorme peligro». Señaló que los jueces estarían más vulnerables a los intereses de quienes financien sus campañas, lo que incluiría a organizaciones criminales.
Cossío alertó que, si los jueces no cumplen con los deseos de quienes los apoyaron económicamente en sus campañas, se podría generar un ciclo de violencia contra ellos. “Los jueces van a acabar siendo de los narcos, de los delincuentes, de los capitales», afirmó durante la presentación del estudio.
Entre los hallazgos más alarmantes del informe, se encuentra la falta de registros oficiales para dimensionar el problema de las agresiones contra el personal judicial. Mariana Campos, directora de México Evalúa, criticó que el gobierno federal no ha abordado de manera adecuada las debilidades del sistema judicial y minimiza la vulnerabilidad de los jueces.
Campos también destacó que en un 50% de los ataques documentados, el agresor buscaba un cambio en la sentencia. “Esto habla de puertas abiertas e incapacidad para prevenir y atender estas situaciones”, lamentó. La experta advirtió que la situación podría empeorar si se aprueba la reforma judicial.
El informe también señala que los tipos más comunes de agresiones contra abogados y jueces son las amenazas, extorsiones y agresiones físicas, lo que ha afectado gravemente su bienestar personal y profesional.
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