En un fallo histórico y con implicaciones de largo alcance para los derechos reproductivos en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes.
La decisión, tomada por la Primera Sala de la SCJN, insta al Congreso del estado a derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que previamente castigaban con cárcel el acto del aborto.
La sentencia fue el resultado de un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras organizaciones civiles, y contó con el respaldo del ministro Juan Luis González Alcántara.
El veredicto se basa en la consideración de que los mencionados artículos del Código Penal eran contrarios a los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes, específicamente atentaban contra el derecho a la igualdad, a la no discriminación y al derecho humano a la salud.
El proyecto de sentencia redactado por el ministro González Alcántara señaló la necesidad de utilizar herramientas amplias para proteger adecuadamente los derechos reproductivos, la salud y la igualdad de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La votación a favor de la declaración de inconstitucionalidad se resolvió con una mayoría de cuatro votos contra uno.
Las cifras presentadas en el proyecto de sentencia también arrojaron luz sobre la situación en Aguascalientes. Entre el año 2015 y junio del año actual, se habían iniciado 73 carpetas de investigación por el delito de aborto en ese estado.
Estas cifras dejaban en evidencia que numerosas personas habían sido procesadas o estaban siendo procesadas en virtud de los artículos que posteriormente fueron declarados inconstitucionales.
El fallo de la SCJN no solo abre la puerta a la despenalización del aborto en Aguascalientes, sino que también sienta un importante precedente para otros estados del país. Grupos y organizaciones a favor del derecho al aborto podrían utilizar este veredicto como base para buscar sentencias similares en otras jurisdicciones.
En palabras del ministro González Alcántara en su proyecto de sentencia, «esta Primera Sala no puede ser indiferente a la situación en la que las mujeres y personas gestantes de Aguascalientes están y han sido sometidas de manera injusta».
La sentencia busca romper con el ciclo de discriminación y tomar medidas reparadoras para las afectadas, asegurando que los daños ocasionados por las leyes inconstitucionales sean rectificados y que las causas subyacentes de estos daños no continúen perpetuándose.
El fallo de la SCJN marca un hito en la lucha por los derechos reproductivos en México y podría tener implicaciones significativas para futuros debates y acciones relacionadas con la penalización del aborto en el país.
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