El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, exigió la separación inmediata del cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, para enfrentar una investigación formal por traición a la patria, tras la difusión de audios que presuntamente la vinculan con la entrega de información de seguridad nacional a un gobierno extranjero.
Durante un encuentro con medios, el legislador acusó al Ejecutivo federal de aplicar criterios diferenciados y mantener una política de exoneración automática frente a la mandataria estatal, validando de facto los señalamientos internacionales sobre las operaciones de las autoridades gubernamentales.
En materia de procuración de justicia transnacional, el representante parlamentario aseveró que un gran jurado, una fiscalía y un juzgado en Estados Unidos ya emitieron una solicitud formal de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, derivada de las investigaciones sobre presuntos vínculos estructurales con organizaciones criminales.
Paralelamente al escenario binacional, la bancada cuestionó los primeros resultados de la reestructuración del Poder Judicial federal. Anaya argumentó un rápido deterioro operativo de las instituciones, argumentando que una juzgadora recién nombrada mediante el voto popular dictaminó la liberación de un presunto líder vinculado al robo de hidrocarburos.
Sobre las instituciones de procuración de justicia locales, el senador exigió al oficialismo transparentar las condiciones operativas de la renuncia de Ulises Lara a la fiscalía capitalina, requiriendo aclarar si la salida guarda relación institucional con el manejo del caso del piloto que trasladó a Ismael Zambada.
Iniciativa de reforma penal
En el mismo espacio legislativo, el alcalde de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, anunció la presentación de un proyecto para reformar el Código Penal en el ámbito nacional, diseñado para replantear la tipificación de crímenes de alto impacto cometidos por adolescentes ante el incremento de la violencia.
La propuesta normativa tiene como eje facultar a los juzgadores para dictar sentencias equivalentes a las de adultos contra infractores de 15, 16 y 17 años que participen en ilícitos graves, catalogados formalmente como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro.
Para el desarrollo procesal de este instrumento legislativo, los representantes populares confirmaron la apertura inmediata de un mecanismo de Parlamento Abierto, con el objetivo de que especialistas técnicos evalúen esta modificación estructural al sistema de justicia para adolescentes.
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