Legisladores de Acción Nacional exigieron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, solicitar licencia a su cargo tras la filtración de grabaciones en las que presuntamente acuerda intercambiar información con autoridades de Estados Unidos a cambio de inmunidad legal y la restitución de su visa.
La Diputada federal Paulina Rubio Fernández instó a la mandataria estatal a iniciar el proceso legislativo correspondiente ante el Congreso de Baja California para separarse de sus funciones de manera voluntaria, permitiendo así que se nombre a un titular del Ejecutivo estatal interino mientras se desarrollan y aclaran las indagatorias correspondientes.
De acuerdo con los audios difundidos, los cuales la propia gobernadora atribuyó a una trampa instrumentada por su antecesor Jaime Bonilla, se alude a una presunta reunión en Panamá con agentes estadounidenses para negociar su estatus migratorio ante posibles investigaciones de seguridad en el país vecino.
Repercusiones binacionales e institucionales
El Diputado local Federico Chávez Semerena calificó la presunta entrega de información estatal al extranjero como evidencia de nexos entre autoridades emanadas del partido oficialista y organizaciones delictivas, advirtiendo que la negociación en instancias internacionales busca únicamente obtener concesiones personales.
Por su parte, el Diputado migrante Raúl Torres Guerrero advirtió que la acumulación de sospechas o investigaciones formales contra gobernadores fronterizos compromete los acuerdos comerciales y fractura los avances diplomáticos sostenidos históricamente con el gobierno de Estados Unidos.
Emplazamiento al Ejecutivo federal
La fracción parlamentaria extendió el llamado a la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, urgiéndola a establecer un deslinde político e institucional tanto de la mandataria de Baja California como del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ante el escrutinio de las agencias internacionales.
La controversia agudiza las tensiones internas en el oficialismo a nivel estatal, enmarcadas en los señalamientos cruzados entre la actual administración y la gestión previa, lo que traslada una crisis política local hacia la agenda de seguridad binacional y política exterior de la federación.
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