La crisis política en los estados fronterizos de México se intensifica debido a acusaciones contra funcionarios por vínculos con el crimen organizado y escándalos diplomáticos. La falta de comunicación entre el gobierno federal y estatales profundiza la incertidumbre. Esto afecta la gobernabilidad y la credibilidad institucional a medida que se acerca una reconfiguración del poder electoral.
El pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum se suma a las críticas de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien calificó los presuntos acuerdos de la morenista con agencias estadounidenses como una vulneración a la soberanía.
La narcopolítica ha penetrado en el Poder Judicial, afectando su independencia y funcionamiento. La Fiscalía General de la República citó a políticos vinculados al crimen organizado, lo que resalta la crisis de la justicia en México. Especialistas advierten que este fenómeno es un riesgo histórico, comprometiendo la legitimidad de las decisiones judiciales.
El equipo legal del legislador retiró el recurso que buscaba reabrir el caso por presunta privación de la libertad, argumentando que no participará en estrategias de manipulación política ni mediática por parte del gobierno chihuahuense.
El senador Javier Corral Jurado y su equipo legal decidieron desistirse de impugnar la no acción penal de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre su intento de detención en 2024. Esta decisión busca evitar la victimización mediática, mientras continúan investigaciones sobre posibles irregularidades por parte de autoridades estatales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México decidió no ejercer acción penal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras investigar una denuncia del senador Javier Corral por privación de la libertad. La fiscal Bertha Alcalde Luján destacó la falta de elementos delictivos y refutó acusaciones de persecución política.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió las investigaciones de la FGR en Chihuahua y Sinaloa, desestimando intenciones políticas. Se centraron en el despliegue estadounidense en un operativo que resultó en muertes. Además, rechazó extradiciones solicitadas por EE. UU. sin pruebas suficientes, manteniendo la soberanía y rechazando campañas de desinformación.
La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, acusó a Morena de proteger al crimen organizado y desviar la atención de investigaciones internacionales. Tras una protesta fallida contra la gobernadora de Chihuahua, subrayó el bajo apoyo ciudadano. Luna criticó la inacción de Morena ante acusaciones de vínculos criminales mientras defendió las acciones de seguridad de su partido.
El dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas acusó el uso de los instrumentos parlamentarios como represalia por los operativos estatales contra la delincuencia organizada y descartó dejar sola a la mandataria chihuahuense.
La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso aclaró que el orden del día de la Comisión Permanente no incluye trámites contra la gobernadora de Chihuahua, cuyos operativos contra el narcotráfico fueron respaldados por la bancada del PAN.