Nuevas conversaciones filtradas exhiben que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contrató los servicios de un presunto exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para gestionar la cancelación de su visa estadounidense, previo a los contactos que la mandataria calificó públicamente como una trampa política.
De acuerdo con material difundido este 27 de julio por el periodista Héctor de Mauleón, capturas de pantalla de la aplicación WhatsApp muestran a la titular del Ejecutivo estatal confirmando la contratación del consultor identificado como Juan Sandoval, quien mantiene su base de operaciones en San Diego, California.
En los intercambios de mensajes, Ávila Olmeda detalla a uno de los intermediarios el perfil de su asesor. Según los registros publicados en la columna de El Universal, los honorarios por los servicios de esta consultoría de seguridad en la frontera norte rondarían los 300 mil dólares.
Contradicciones en la narrativa oficial
La revelación del orden cronológico de estos mensajes debilita la defensa pública de la gobernadora. En un mensaje institucional reciente, la mandataria atribuyó el contacto con interlocutores de Estados Unidos a un esquema orquestado por el exgobernador Jaime Bonilla, argumentando que las personas grabadas en audios previos eran impostores.
Sin embargo, el registro documental evidencia que Ávila Olmeda ya había buscado asesoría especializada de forma independiente. En un fragmento de la conversación, la mandataria expresa su inconformidad ante el intermediario por abordar el tema fuera de los canales jurídicos, exigiendo que cualquier asunto se gestionara a través de su equipo de abogados.
Esta filtración constituye la cuarta entrega de una serie de materiales expuestos desde el 22 de junio. Las publicaciones anteriores documentaron gestiones para concretar reuniones privadas en el consulado de Estados Unidos en Tijuana y presuntos encuentros pactados en Panamá con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado.
En el contexto de las filtraciones, reportes del semanario Zeta confirmaron que un investigador estadounidense sostuvo tres reuniones presenciales con la mandataria estatal el pasado 20 de julio, aunque el Gobierno de Baja California no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el estatus de las presuntas investigaciones en su contra.
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