El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó una moción suspensiva para detener la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, al argumentar que el dictamen omite incrementos salariales clave y reduce los recursos para áreas de justicia.
Durante su intervención ante el pleno, el legislador señaló que el proyecto financiero carece de los fondos necesarios para respaldar la Reforma al Artículo 123 en materia de salario mínimo profesional. Esta modificación garantizaría ingresos de 20 mil pesos mensuales para personal médico, docente, policial y miembros de las Fuerzas Armadas.
Moreira Valdez responsabilizó a la bancada mayoritaria de mantener congelada dicha declaratoria constitucional en la Mesa Directiva del Senado. El diputado condicionó la votación del presupuesto a la publicación de este decreto, argumentando que de lo contrario se materializaría un engaño hacia los trabajadores del Estado.
Recortes institucionales
En su análisis del documento elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el representante priista advirtió una disminución real en los recursos asignados a las principales instituciones de procuración e impartición de justicia en el país.
Aseguró que dependencias como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal contarán con menos presupuesto que el ejercido durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, patrón que se repite en áreas de medio ambiente y cultura.
Como contraste a estas reducciones, el coordinador parlamentario cuestionó que el gasto público mantenga asignaciones para el pago del Fobaproa. Asimismo, criticó la continuidad en el financiamiento de proyectos de infraestructura de la administración federal anterior, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
Propuestas de modificación
Para reorientar el dictamen, la fracción del PRI propuso convocar a funcionarios federales y construir un acuerdo presupuestal distinto. Entre las demandas destacan la asignación de 600 millones de pesos para duplicar el salario del personal operativo del Instituto Nacional Electoral (INE), además de fondos extraordinarios para solventar la crisis de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Adicionalmente, se planteó la creación de programas sociales de emergencia. Uno de los mecanismos sugeridos establece que, ante el desabasto en el IMSS o el ISSSTE, el gobierno disponga de un plazo máximo de cinco días para cubrir directamente el costo de los medicamentos no entregados a los pacientes.
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