El Diputado Federal Rubén Moreira Valdez advirtió que la violencia se consolidó como un factor fáctico dentro de los procesos electorales. Subrayó que esta situación representa un riesgo inminente para la estabilidad de la democracia nacional.
El Coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respaldó su diagnóstico con cifras de consultorías sobre el proceso electoral de 2023-2024. Detalló que en ese periodo se contabilizaron 889 víctimas políticas, acumulando casi tres mil agresiones en los últimos ocho años.
Ante este escenario, el legislador urgió al Instituto Nacional Electoral a asumir un rol directivo y convocar a un esfuerzo interinstitucional. Indicó que el organismo debe exigir a las autoridades gubernamentales posturas claras sobre los mapas de riesgo territorial.
Parálisis legislativa y omisiones
Moreira Valdez argumentó que el Poder Legislativo abdicó de sus facultades de supervisión de manera sistemática. Ejemplificó esta inacción con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, órgano que se instaló con años de retraso y operó sin continuidad administrativa.
Respecto al Poder Ejecutivo, señaló la omisión de dependencias como la Secretaría de Gobernación frente a la pérdida de control municipal. Cuestionó que los entes de fiscalización locales eviten auditar los presupuestos de los ayuntamientos con presencia criminal evidente.
El representante partidista concluyó que permitir la influencia delictiva en las urnas facilita la entrega de los aparatos de gobierno. Alertó que este fenómeno provoca que agrupaciones civiles armadas asuman de facto la procuración de justicia a nivel local.
Para mitigar esta vulnerabilidad, propuso incrementar la presencia de observadores ciudadanos y organismos internacionales en las zonas de mayor conflicto. Recalcó que el conocimiento público de los diagnósticos de seguridad estatal es indispensable para organizar las siguientes votaciones.
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