El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en la Cámara de Diputados, Christian Castro Bello, presentó una iniciativa de reforma al párrafo noveno del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de elevar a rango constitucional el derecho humano al acceso a la energía eléctrica e instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado ante las fallas en el suministro eléctrico.
La propuesta legislativa busca obligar al Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a prestar un servicio bajo parámetros estrictos de cobertura, asequibilidad y calidad. Asimismo, el proyecto plantea la obligación legal de indemnizar de manera inmediata a los ciudadanos cuyos bienes o aparatos electrodomésticos resulten afectados por variaciones de voltaje o interrupciones prolongadas en la red.
En la exposición de motivos formulada ante la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro, se señala que instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) conciben a la energía como un elemento indispensable para un nivel de vida adecuado, una figura que actualmente carece de reconocimiento expreso en el texto constitucional mexicano.
Alcance jurídico e indemnización a particulares
El planteamiento central de la reforma estriba en vincular la deficiencia del servicio público con la responsabilidad patrimonial del Estado, figura jurídica que mandataría la reparación de daños económicos a particulares de forma expedita y sin dilaciones administrativas. Con ello, la bancada priista busca fijar un precedente sancionatorio ante la ineficiencia operativa de los organismos energéticos estatales.
El legislador por Campeche argumentó que las constantes interrupciones en el flujo eléctrico impactan directamente en la economía familiar, el comercio local y el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. En este sentido, sostuvo que la iniciativa busca evitar que las consecuencias financieras del deterioro del sistema eléctrico nacional sigan siendo absorbidas exclusivamente por los usuarios.
De concretarse la modificación al artículo 28 constitucional, el acceso a la energía eléctrica quedará catalogado formalmente como una garantía individual dentro del territorio nacional. La iniciativa fue turnada a las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados para su posterior análisis y discusión dentro del periodo ordinario de sesiones.
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